Hemos iniciado 2019 arrastrando la pesada carga de las cloacas del estado, asistiendo atónitos al “sálvese quien pueda” del poder ejecutivo mientras la Fiscalía lucha por limpiar debajo de las alfombras del Ministerio del Interior.

Tenemos en prisión al comisario Villarejo y, a la luz del frenético cúmulo de grabaciones hallado por la UCO en su domicilio, vamos descubriendo como se había organizado la red de espionaje que utilizando los instrumentos del estado al servicio del poder y el dinero, permitió destruir vidas privadas y cometer ilegalidades al amparo de la jerarquía  funcionarial.

El excomisario García Castaño, ha declarado que el director adjunto de la Policía le ordenó entregar a Villarejo toda la información que le pidiera, sin orden judicial ni control de ningún tipo.

Los dos inspectores kefes de policía imputados en el caso Tándem por colaboración en la elaboración de los informes personales, “respondieron al Juez que las consultas que realizaban en las bases de datos policiales estaban ordenadas por sus superiores y ellos desconocían el destino de la información”, incluso a veces se lo solicitaban poniendo un posit con un nombre pegado en su ordenador.

Y el  ex jefe informático del Consejo General del Poder Judicial se ha defendido diciendo que su firma electrónica está en todas las consultas que hacen los juzgados.

Como abogado me veo obligada a luchar todos los días contra la  veracidad que algunos otorgan a los  informes policiales, y  alguna vez he tenido que defender a mis clientes de denuncias falsas fabricadas por el señor Villarejo, cuando nadie nos creía y el grito de la víctima se perdía en los pasillos de los Juzgados, a causa de informes policiales plagados de errores o ilusorias  periciales que no cumplían los requisitos exigidos por la ley.

A menudo se plantea la duda del valor de las declaraciones de los policías como prueba de los hechos en el proceso penal.

Si bien nuestra jurisprudencia no les otorga presunción de veracidad cuando comparecen en calidad de víctimas, la realidad es que los jueces les suelen dar mayor credibilidad que al ciudadano corriente.

En cuanto a la valoración de las periciales realizadas por funcionarios públicos, la ley establece que deberán ser ponderados por el juez con respecto a las reglas de la sana crítica (457-485 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), salvo que respondan a conocimientos técnicos sometidos a reglas científicas inderogables, o leyes mecánicas cuyos enunciados no se pueden alterar por el arbitrio o discrecionalidad de los juzgadores.(Audiencia Provincial de Girona, Sección Primera, sentencia de 10 Abr. 2003).

Pero, ¿que ocurre cuando en lugar de pericia se emite un informe policial, que los jueces  creen a pies juntillas y no comprueban?

¿Y si éste informe se  filtra a los medios de comunicación bajo el título “dice un informe policial”?

El resultado es muy sencillo y el “Grupo Villarejo” lo tenía claro, la opinión pública se vuelca en la noticia  que a partir de ese momento adquiere fuerza de verdad absoluta y estigmatiza a la víctima, que se ve obligada a comparecer en el proceso con la presunción de inocencia invertida y a defenderse de las sospechas que  se han fabricado artificialmente.

Por eso los informes policiales deben de exponer y analizar datos objetivos, sin calificar jurídicamente los hechos, desnudos de opiniones y experiencias propias, y, en ningún caso deben establecer conclusiones acerca de la inocencia o culpabilidad de nadie porque eso supone una perversión del sistema.

Ya están los abogados y fiscales para opinar o rebatir  y los jueces para sacar conclusiones.

La pureza del proceso se basa en el principio  de contradicción y la presunción de inocencia, y la balanza se desequilibra cuando se cede el control a la policía judicial, cuando se admite  un informe policial elaborado en base a elucubraciones y conjeturas, “a juicio de esta instrucción” o, “según mi experiencia”,  y cuando se permite ultrajar públicamente a un inocente porque lo dice un informe de conducta.

En ese momento se quiebran las garantías del proceso convirtiendo las tribunales en una ratonera y la prueba en “diabólica”, porque es difícil  defenderse de lo que no ha ocurrido.

A todos aquellos que han quebrantado la ética de sus obligaciones y a veces la legalidad, les pido que se paren a pensar a cuantos justiciables  como Yolanda García Cereceda o Elisa Pinto han perjudicado arrastrando su nombre por el fango, sin respetar su  intimidad ni su honor, con informes policiales y periciales caligráficas colgadas en la red sin que nadie hiciera nada por evitarlo, porque  poderoso caballero es “don dinero”.

La presunción de veracidad de informes policiales en la fase de instrucción no puede vencer a la presunción inocencia, ni la palabra de un policía tener más valor que la de un ciudadano, cuando esto ocurre el sistema se vuelve vulnerable y lo que eran garantías se puede tornar en instrumento de la  corrupción.