Estos días cuando leo en las portadas las nuevas imputaciones de políticos y policías en la “Operación Kitchen” , sigo el hilo del rosario “Operación Púnica” con sus más de 15 piezas separadas y, mientras dibujo un esquema para no perderme en la trama me pregunto si los culpables no somos el resto de los españoles, como decía Maquiavelo, “no hay que atacar al poder si no tienes la seguridad de poder destruirlo”.

Para quienes como yo se hayan perdido, en la “Operación Kitchen” se investiga las posibles vinculaciones de la antigua cúpula del Ministerio del Interior, es decir de la policía, que abusando de sus funciones y de los fondos reservados habrían encargado a mandos policiales seguir y sustraer a Bárcenas material que acreditaría la supuesta financiación ilegal del PP con la ayuda del ex chofer de la familia, pagado por Villarejo en cuyo domicilio se encontraron los recibos de tales pagos. Para entrar en el domicilio alguien se disfrazó de cura antes de apuntar con un revólver a la esposa y al hijo, atarlos y exigirles a gritos que le entregaran un disco extraíble con la contabilidad B del PP.

En todo este “culebrón” yo me pregunto….¿estamos locos?, ¿Quién es el lumbreras que puso al lobo a cuidar de las ovejas?, ¿Quién va a ser el suicida que se atreviera a denunciar?, cualquier procedimiento o protocolo de compliance indicaría un alto riesgo en la materia.

La corrupción no es una lacra de la función pública, del poder o del dinero, “los hombres no se pervierten por la riqueza sino por el afán de riqueza”. La corrupción es una desviación del comportamiento que obedece a una decisión individual en la que influyen patrones de conducta externos, el entorno, el contexto, la educación y la aceptación de los demás porque, no es más corrupto el “sobre” que la clandestinidad de quien lo recibe o el silencio del que mira sin quererlo ver; y es que las prácticas corruptas no se detienen a la puerta de los despachos ni piden permiso para poder entrar, la corrupción es algo que a veces te envuelve disfrazado de oportunidad, de costumbre o de astucia, pero siempre rodeado de silencios cómplices que te incitan a creer que tú tienes excusa o que no existe alternativa.

Lidiar con la corrupción no es tarea fácil pero eludirla tampoco. Los denunciantes se ven aislados y arrollados por el sistema, primero se les advierte ¿tú porqué te metes? , después se les aísla “no me vaya a salpicar a mí por ser tu amigo”, se busca atraerlos “si todos lo hacen”, y finalmente expedientarlos, despedirlos, calumniarlos y a menudo denunciarlos porque, ¿Qué otra cosa puede hacer el partido o la empresa para eludir la responsabilidad penal?, estando en riesgo la imagen corporativa no hay mejor defensa que un buen ataque.

Se cuentan a decenas las víctimas olvidadas de los casos de corrupción tanto en lo público como en lo privado pero, ¿Quién se acuerda de ellas?. Baste recordar el caso de Ana Garrido Ramos, que denunció corrupción urbanística en el ayuntamiento de Boadilla del Monte, Caso Gürtel, sufrió acoso laboral continuado (con sentencia favorable). O el ex concejal José Luis Peñas que grabó y denunció a Francisco Correa, dijo haber sido acosado para que se desdijera y su abogado difamado con sucesivas denuncias falsas. Azahara Peralta denuncio el “Caso Acuamed” tras negarse a validad una obra con sobrecosto de 40 millones y sufrió despido disciplinario, disfrazado con una auditoría negativa sobre su trabajo; y Maite Caro declaró ser acosada y perdió su trabajo cuando denunció el “Caso Pretoria”.

Y cuando creíamos que todo estaba perdido la solución vino del Parlamento Europeo el pasado 16 de abril de 2019 con las “medidas de protección del denunciante” que establecen, además del anonimato y la discrecionalidad:

1. Prohibición de represalias directas o indirectas (art 19), incluidas amenazas, suspensión de empleo, despido, destitución, degradación o denegación de ascensos, cambio de puesto de trabajo, reducción salarial o cambio de horario.

2. La protección se aplicará no solo a trabajadores y funcionarios sino cualquier denunciante con vulnerabilidad económica, cómo proveedores, contratistas y subcontratistas que puedan verse afectados por la cancelación de sus contratos, (41) informes negativos que puedan dañar su reputación y/o sus perspectivas profesionales, y cualquier acto proveniente de la empresa que, pareciendo formalmente lícitos en realidad frustran la finalidad de la ley (42).

3. El informante no podrá incurrir en ningún tipo de responsabilidad por la información contenida en su denuncia, salvo que se haya conseguido cometiendo delito.

4. Siempre que el informante haya sufrido algún perjuicio posterior a la denuncia se presumirá que ha sido represaliado, teniendo derecho a medidas correctoras de las represalias, incluidas medidas provisionales.

5. No podrá incurrir en responsabilidad susceptible de procesos judiciales por revelación de secretos comerciales, siempre que la información se hubiera obtenido de forma legal y fuera necesaria para la denuncia.

6. Lo mismo para los procesos judiciales por difamación, violación de derechos de autor, vulneración de la confidencialidad, violación de normas de protección de datos, o solicitudes de indemnización basadas en la legislación laboral privada, pública o colectiva.

7. Se garantizará la vía de recurso y la compensación por los daños sufridos.

8. Las autoridades velarán porque la identidad de los interesados sea protegida mientras la investigación está en curso (art 22), garantizando la vía de recursos y la indemnización.

9. Se impondrán sanciones disuasorias eficaces y proporcionadas contra quiénes a. Impidan o intenten impedir la presentación de denuncias. (Art 23).

10. Prohibición de pactos de renuncia a los derechos del trabajador y/o vías de recurso, con carácter previo a la disputa (art 24).

Se avecinan grandes cambios legales y esperamos que sacudan la decencia de nuestros políticos, para que denunciar no suponga inmolarse porque «Denunciar o no denunciar no debe de ser el dilema».