El pasado viernes, 26 de abril, se publicó la demoledora Sentencia dictada en la “Operación Trueque”, uno de los mayores procedimientos judiciales por delito fiscal en los últimos años donde, 13 años después, se absuelve a todos los acusados de los cargos formulados por la Abogacía del Estado, el Ministerio Fiscal y la empresa de telecomunicaciones Orange como acusación particular, declarando la nulidad de todas la resoluciones en las que se acuerdan intervenciones telefónicas dictadas desde octubre de 2006.

Para la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lugo estas escuchas supusieron una investigación prospectiva, tras celebrarse una reunión en La Coruña entre altos cargos de Vigilancia Aduanera y la Agencia Tributaria, como consecuencia de la existencia de una importante cuota de IVA a devolver a las empresas exportadoras.

“Lo cierto es que en el curso del juicio oral ha quedado claro para la Sala que el ente de policía judicial, el SVA, que es quien solicitó la múltiple intervención telefónica, no realizó diligencia de investigación de ningún género, como así lo reconocieron, expresamente, tanto el Jefe de Operaciones Combinadas,como el Responsable del SVA en Galicia. Así el primero en el acto del juicio oral indicó que luego de la reunión habida en la Delegación especial de la Agencia tributaria entre todos los responsables de Galicia a consecuencia de una importante devolución de IVA, se realizó un informe por la Jefa de Gestión ordenando que se abriera una investigación; en el mismo se indicaba que podía estar en fraude de IVA y en fraude carrusel; asimismo indica que “por el tipo de mercancía, de alto riesgo, es por lo que hago el informe”; que se presumía que había contrabando porque se producía una exportación de teléfonos en volumen muy elevado”.

Al margen de la nulidad de las escuchas, la Audiencia concluye que no existe delito alguno que sea imputable a los acusados. Señala textualmente “sin que, en el presente supuesto y con el conjunto de las actividades desplegadas, sea posible entender que, desde el ámbito del derecho penal, se pueda realizar reproche de ningún tipo y, consiguientemente, la presente resolución ha de tener un pronunciamiento absolutorio al respecto de todos los acusados”.

La Justicia lenta se convierte en injusticia, ese es el drama que han sufrido nuestros representados y su familia desde ese fatídico 14 de febrero de 2007, cuando la policía irrumpió en su vivienda a las 8 de la mañana, despertándoles para llevarse a los hijos detenidos, el menor de apenas 19 años, tras un registro domiciliario en el que no encontraron nada.

8 años de instrucción paralizada, hasta que en 2015 las acusaciones solicitaron penas de hasta 11 años de prisión y, una responsabilidad civil que superaba los 7.000.000€. Mientras la AEAT retenía la cuota de IVA a devolver a las empresas exportadoras, provocando su inmediata insolvencia, y el efecto dominó respecto de los bancos que exigieron el pago de lo debido, cancelando créditos y líneas de descuento.

Nuestros “atípicos criminales”, víctimas de un delito fantasma, en lugar de “desaparecer” hicieron frente a sus deudas, empeñaron el poco patrimonio de sus padres, bombero de profesión y, su madre, pinche de cocina, hipotecaron el domicilio familiar, solicitaron préstamos y avales a familiares para saldar una parte de la deuda, la otra parte, 14 años después siguen pagándola mes a mes, mientras las arcas de la AEAT se han nutrido de la rentable investigación prospectiva sobre un delito de contrabando inexistente porque, según la Audiencia Provincial “las mercancías salían por la aduana española y con conocimiento de las autoridades aduaneras”.

La injusta condena anticipada no terminó aquí, la familia se desmembró, los padres se divorciaron a causa de la presión social y la estigmatización . El hijo mayor, uno de los principales encausados, ha arrastrado la culpa y el dolor por el daño causado a los suyos, mientras la AEAT seguía inspeccionándole año tras año, una vez colgado el “San Benito” de criminal, hasta que optó por dejar España e iniciar una nueva vida en otro país.

La sentencia ha llegado tarde, el reconocimiento de la verdad no tiene la misma fuerza mediática que el truculento titular de la mal llamada “Operación Trueque”, que arrastro por el barro el nombre y la imagen de los encausados en una provincia como Lugo, donde el “eco” del procedimiento por la mayor estafa al erario público “exterminó” una presunción de inocencia, que después de 14 años no se puede resucitar.

Días antes de iniciarse el juicio oral, el padre de nuestros defendidos falleció sin haber podido ver lavada la honra de sus hijos frente a aquellas lenguas “viperinas” que los tildaron de criminales, sin poder gritar al mundo lo que desde hacía años sabía..!, que sus hijos eran inocentes y habían sido injustamente acusados.

Una vez más, la falta de garantías y respeto al procedimiento, la vulneración del derecho constitucional al secreto de las comunicaciones, los “atajos” en la investigación por parte de algunos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, un atestado sin fundamento, y una acusación generalista basada en elucubraciones y conjeturas, provocaron el error judicial que ha desembocado en la cadena de injusticias y vulneración de derechos mantenidos en el tiempo, contra 17 personas inocentes, sus empresas y familias.

Un Estado garantista no debe permitir bajo ningún concepto el exterminio de la presunción de inocencia. Una vez más los abogados nos hemos convertido en el último bastión para combatir los desatinos de un proceso que a veces atropella a los ciudadanos, de ahí la importancia de una buena defensa.

 

Fuente https://www.elindependiente.com/opinion/2019/05/03/operacion-trueque-exterminio-la-presuncion-inocencia/